La directora de Fedesarrollo, ante la mesa de “Líderes y empresas que construyen país”.
El ajuste fiscal se vuelve clave para recuperar el crecimiento y la inversión
Colombia necesita crecer mucho más, porque con niveles de crecimiento promedio de 1,1%, como el del periodo 2015-2025, no va resolver sus problemas de pobreza y desigualdad. Este fue el primer mensaje de Marcela Meléndez, la directora ejecutiva del centro de pensamiento e investigación Fedesarrollo, en su exposición en la segunda sesión de la mesa de “Líderes y empresas que construyen país” 2026, convocada por EL TIEMPO Casa Editorial.
El segundo mensaje fue que “para prender los motores del crecimiento, se necesita, en primer lugar, ordenar las finanzas públicas”. El desajuste actual en las cuentas del Gobierno le está haciendo pagar un costo de financiamiento muy alto y las tasas de interés más elevadas dificultan la inversión privada, esencial para el crecimiento.
Para Meléndez, el origen de este desajuste está en el “descalce sistemático” entre ingresos y gastos surgido con la Constitución de 1991, agudizado por la pandemia y la falta de recuperación en los años posteriores. El nivel de endeudamiento ha alcanzado una dimensión crítica. La deuda del gobierno central roza hoy el 60% del PIB, superando el ancla del 55% fijada por la Regla Fiscal.
Según Meléndez, de no adoptarse medidas de fondo, el déficit primario de la nación -diferencia entre ingresos y gastos, sin costos de deuda- escalaría de 3,3% del PIB (2025) al 4,5% (2026), lo que llevaría el déficit total al 9,4% del PIB.
El nuevo Gobierno planteó reducir ese déficit primario en 2,2 puntos del PIB en un año con una ‘ley de rescate económico’ centrada en el recorte de gasto. Sin embargo, Fedesarrollo considera que un ajuste de tal magnitud en tan corto plazo resulta difícil de concretar, más con los imprevistos del terremoto de agosto y las deudas en salud y energía.
Lo planes del Gobierno con respecto a la política fiscal “son ambiciosos, deseables y van en la dirección correcta, pero aún falta claridad en la estrategia”, según Meléndez. Un obstáculo para corregir el rumbo fiscal radica en la rigidez presupuestal. Alrededor del 55% del gasto público es intocable a corto plazo sin grandes reformas legales en sectores como pensiones, salud y transferencias territoriales.
Solo entre 2022 y 2025 se adicionó una carga de 52,4 billones de pesos en gasto estructural. Por otra parte, solo el 35% del gasto es susceptible de modificación a corto plazo vía transferencias y subsidios.
Debates pendientes
Si bien el Gobierno dice que el ajuste se hará por el lado del gasto, no del ingreso, Fedesarrollo cree que el momento exige debates que tocan este rubro. Uno es sobre el IVA.
Las exenciones le cuestan al país un 5,8% del PIB en recaudo perdido (hasta 9 puntos con exenciones a personas naturales y jurídicas). La propuesta es aplanar la base eliminando beneficios a altos ingresos y haciendo devoluciones a hogares vulnerables.
Igualmente, insiste en la necesidad de recuperar el motor fiscal de los combustibles fósiles. Y un tercer punto es la reforma al Sistema General de Participaciones, que eleva las transferencias a las regiones del 26% al 39%. Esto generaría, según Meléndez, un desbalance fiscal insostenible si no se traslada una cifra equivalente de competencias.
Al cierre de su exposición, la economista proyectó una hoja de ruta de ajuste fiscal progresivo. En el corto plazo, sería para hacer recortes de gastos, inversión y subsidios; saldar deudas no explícitas de alto costo; levantar barreras para el crecimiento y formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario, “que es una señal muy positiva de disciplina fiscal”, según Meléndez.
El mediano plazo llevaría a tramitar reformas en exenciones del IVA, redefinir relaciones con las regiones, acotar las presiones de gasto en salud y profundizar cambios regulatorios para alcanzar el equilibrio primario en 2030. Y para el largo plazo, se plantea consolidar un superávit primario de entre 0,5% y 1% del PIB, manteniendo el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento del PIB.
Meléndez expresó que la solución al laberinto fiscal exige pragmatismo, pero también prudencia monetaria, contención en el ajuste del salario mínimo y “una preferencia decidida por el crecimiento económico”.
Información en el Estado, mal en trazabilidad
Con la ayuda de la inteligencia artificial, AmCham, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, hizo un ejercicio para evaluar el manejo de la información fiscal del país, su trazabilidad y su interoperabilidad. Se pidió información a siete entidades y todas, con excepción de la Dian, respondieron.
La exministra y presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, quien presentó los resultados ante la mesa de líderes empresariales, dijo que se halló una alta disponibilidad de datos y una coherencia interna aceptable dentro de cada entidad.
Sin embargo, la trazabilidad de la información entre diferentes entidades alcanzó solo un 35% en la calificación, al igual que la interoperabilidad. La conclusión es que “no se hablan entre las diferentes entidades sobre las mismas variables y las mismas temáticas”, dijo Lacouture.
La modernización tecnológica sigue siendo un reto pendiente para el Estado
Este ejercicio arroja dudas sobre la modernización tecnológica en el Estado. “Desde hace 20 años todos los gobiernos han hablado de ella y la realidad es que no existe”, concluyó Lacouture. Varias voces en la mesa coincidieron en que es necesario transparentar la información pública y que, para hacerlo, hay que recurrir a las nuevas tecnologías.
Fuente: Portafolio