El proyecto propone eliminar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros hasta 2030.
El debate se intensifica por el contexto fiscal
El contexto fiscal y las necesidades de reconstrucción tras el reciente terremoto reabren el debate sobre la viabilidad de desmontar uno de los tributos con mayor capacidad de recaudo para el Estado.
El debate sobre el futuro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1.000, volvió a ocupar un lugar central en la agenda tributaria colombiana. Un proyecto de ley presentado en el Congreso plantea eliminar este impuesto de manera progresiva entre 2027 y 2030, incorporando además beneficios para personas naturales de menores ingresos y pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa busca avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, reduciendo gradualmente la carga del gravamen y ampliando los mecanismos de deducción para determinados contribuyentes. No obstante, el escenario económico actual ha reabierto el debate sobre la conveniencia de aplicar estos cambios en un momento de alta presión sobre las finanzas públicas.
El proyecto contempla un desmonte gradual
La propuesta establece que la tarifa del GMF disminuiría de forma progresiva: pasaría del 4×1.000 al 3×1.000 en 2027, al 2×1.000 en 2028, al 1×1.000 en 2029, hasta su eliminación definitiva en 2030.
Adicionalmente, plantea una exención para las personas no declarantes del impuesto sobre la renta o cuyos ingresos no superen las 1.090 Unidades de Valor Tributario (UVT).
En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el proyecto propone permitir la deducción del 100% del valor pagado por concepto del GMF en el impuesto sobre la renta. Para las personas naturales se plantea una deducibilidad progresiva, que oscilaría entre el 100% y el 40%, dependiendo de su nivel de ingresos y patrimonio.
El contexto fiscal cambia el escenario
Aunque el proyecto busca aliviar la carga tributaria sobre ciudadanos y empresas, especialistas advierten que su discusión coincide con un momento complejo para las finanzas públicas.
Tras la emergencia generada por el reciente terremoto, el Gobierno enfrenta importantes necesidades de financiación para atender la reconstrucción de las zonas afectadas. A ello se suma un escenario de déficit fiscal que incrementa la importancia de conservar fuentes de recaudo permanentes.
En este contexto, diversos analistas consideran que cualquier modificación al GMF deberá ir acompañada de mecanismos que permitan compensar los recursos que actualmente genera este impuesto para el Estado.
El 4x1.000 continúa siendo una fuente importante de recaudo
Desde su creación como una medida temporal durante la crisis financiera de 1999, el Gravamen a los Movimientos Financieros se ha consolidado como uno de los impuestos con mayor capacidad de recaudo para la administración tributaria.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo del impuesto alcanzó aproximadamente $16,28 billones en 2025, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Nacional.
Precisamente este nivel de recaudo es uno de los principales argumentos de quienes consideran que su eliminación debe analizarse cuidadosamente, especialmente en un escenario de mayores necesidades de gasto público.
Expertos plantean un equilibrio entre competitividad y sostenibilidad fiscal
Diversos especialistas coinciden en que el GMF representa un costo adicional para personas y empresas, además de desincentivar la bancarización y aumentar el costo de las transacciones financieras.
Sin embargo, también advierten que un eventual desmonte debe estar acompañado por una estrategia que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y preserve la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.
En ese sentido, consideran que el debate no debe centrarse únicamente en eliminar el impuesto, sino en identificar mecanismos que permitan reemplazar los recursos que actualmente aporta al presupuesto nacional.
Empresas deberán seguir atentas a la evolución del proyecto
Mientras la iniciativa inicia su trámite legislativo, el Gravamen a los Movimientos Financieros continúa vigente bajo las reglas actuales.
Para las empresas, el seguimiento de este proyecto resulta relevante, ya que una eventual modificación podría impactar los costos asociados a las operaciones financieras, la planeación tributaria y la gestión del flujo de caja.
Hasta que exista una decisión definitiva por parte del Congreso, las organizaciones deberán continuar incorporando el 4×1.000 dentro de sus proyecciones financieras y de cumplimiento tributario, manteniéndose atentas a los cambios que puedan surgir durante el trámite legislativo.
Fuente: Portafolio