Aunque no lo pagan los ciudadanos, el tributo podría incidir en empleo, inversión y confianza económica.
Cuando se anuncia un nuevo impuesto, la reacción natural es preguntarse si afectará directamente el bolsillo y en el caso del impuesto al patrimonio propuesto para 2026 como respuesta a la emergencia económica que se decretó esta semana, la respuesta inmediata es no; ya que el gravamen no recae sobre personas naturales, sino sobre grandes empresas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, cerca de $10.400 millones, con tarifas entre 0,6% y 1,2%.
Sin embargo, su relevancia va más allá del contribuyente formal y expertos plantean que podría golpear de forma indirecta la economía de los hogares, dado que las decisiones tributarias empresariales no ocurren en el vacío y aunque el ciudadano no reciba una factura por este impuesto, sí puede sentir sus efectos a través del entorno económico.
Un análisis de Russell Bedford afirma que son los canales indirectos que conectan un gravamen corporativo con la economía de los hogares, especialmente en un contexto fiscal exigente y con una emergencia invernal que presiona las cuentas públicas.
Roger Roman, socio de Impuestos de la firma, recuerda que el Gobierno proyecta recaudar cerca de $8 billones con este impuesto, un monto equivalente a alrededor del 0,5% del PIB estimado para 2026, que ronda los $1.600 billones y que el objetivo es atender los costos de la ola invernal, con especial impacto en la región Caribe, y cubrir parte de un déficit fiscal cercano al 4% del PIB.
“El universo de empresas afectadas es reducido, pero relevante y de más de 1,6 millones de compañías registradas en el país, el gravamen alcanzaría a unas 15.000, concentradas principalmente en sectores como el financiero, energético, industrial y de infraestructura”, indicó en el reporte.
Partiendo de lo anterior, sostiene que estas empresas tienen un peso significativo en la inversión y en la generación de empleo formal, lo que explica la atención sobre sus posibles reacciones”.
Ahora bien, pasando a los efectos precisos, comienza por el frente laboral, donde resalta que el mensaje central es de cautela frente a interpretaciones alarmistas, dado que el impuesto no implica despidos automáticos ni recortes salariales.
“La tasa de desempleo cerró 2025 en 9,8% y el Banco de la República proyecta para 2026 un crecimiento económico cercano al 2,4%, variables que pesan más en las decisiones de contratación. Las decisiones de empleo responden al comportamiento general de la economía”, acotó.
Y es que experiencias del pasado también aportan contexto, especialmente durante la vigencia del impuesto al patrimonio entre 2011 y 2018, cuando no se evidenció un choque laboral inmediato atribuible a este gravamen.
“Esto sugiere que el impacto directo sobre el ingreso es bajo. No obstante, la evolución de la inversión y la percepción empresarial sí merecen seguimiento, sobre todo en sectores intensivos en capital y con horizontes de largo plazo”, indicó Roman.
Otro canal relevante es el financiero, donde muchas de las empresas que pagarían el impuesto cotizan en bolsa y forman parte de los portafolios de los fondos de pensiones y de inversión colectiva.
“A enero de 2026, el índice MSCI Colcap acumulaba una variación anual cercana al 11% y los fondos de pensiones administran más de $400 billones. Los mercados financieros incorporan distintos escenarios tributarios, y esto reduce el impacto automático sobre pequeños ahorradores”, agregó.
Para los hogares, esto significa que el efecto sobre sus ahorros depende más del desempeño general del mercado y de la estabilidad económica que de un tributo puntual; ya que la diversificación de portafolios actúa como un amortiguador frente a cambios aislados, siempre que no se traduzcan en un deterioro prolongado de la confianza o en un ajuste significativo de la inversión.
Así mismo, el temor a un traslado aparece en el debate público, pero los datos actuales moderan ese riesgo; puesto que la inflación anual se ubicó en 4,8%, dentro del rango meta, y la tasa de interés permanece en 8,25%. Además, no hay cambios en el IVA ni en la tributación de personas naturales, lo que limita presiones directas sobre el consumo.
“Donde sí se concentra la atención es en la estabilidad jurídica, porque el impuesto se enmarca en una declaratoria de emergencia económica que deberá ser revisada por la Corte Constitucional. Es por eso que las reglas son claves para la confianza inversionista”, acotó.
Como advierte Roman, “el riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada”, dado que para los hogares, el verdadero impacto se jugará en el crecimiento, el empleo y la confianza a lo largo del año.
Dicho de forma simple, el aumento al impuesto al patrimonio 2026 no toca directamente el bolsillo de los hogares y aunque su influencia, si existe, será indirecta y dependerá del desempeño general de la economía; por lo que para las finanzas personales, la clave no es reaccionar a este anuncio, sino seguir de cerca el crecimiento, el empleo y la estabilidad fiscal del país durante el año.
Fuente: Portafolio